La iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración que fortalece el vínculo entre la academia y la institución pública, en beneficio del ecosistema de innovación y propiedad industrial del país.
La medida busca resguardar la seguridad jurídica de solicitantes y representantes domiciliados en las zonas afectadas por incendios forestales, a quienes se les otorga un tiempo adicional para trámites ante la institución.
El programa formativo, organizado junto a la OMPI, se desarrolla de forma presencial en marzo de 2026 y busca profundizar en el impacto de la Propiedad Industrial en el desarrollo tecnológico y social.
